Por Pablo Vargas | pvargas@revistalevelup.com.

La madrugada del 15 de noviembre de 1998 comenzó, para las autoridades, como un hecho que no parecía criminal. Un vehículo apareció abandonado en las cercanías del puente Saprissa y, en un primer momento, todo apuntaba a un accidente de tránsito más en la extensa lista de emergencias nocturnas del Valle Central. No había testigos claros ni señales evidentes de violencia. Sin embargo, esa escena aparentemente rutinaria fue la primera grieta de un caso que pronto revelaría algo mucho más oscuro. 

Lo que parecía un incidente vial terminó conduciendo a una vivienda en San Blas de Moravia y, finalmente, al descubrimiento de una verdad inconcebible: Ana Isabel Méndez, de 37 años; su esposo, José Narciso Montero, de 35; y su hijo Michael, un niño de apenas nueve años. No era un accidente. Les habían disparado brutalmente en diversas ocasiones.


El caso conmocionó al país no solo por la brutalidad del hecho, pero también porque fue de las primeras veces que Costa Rica usaba el luminol en una escena del crimen, un químico capaz de encontrar rastros de sangre que no podían ser mapeados a simple vista. Tras arduas investigaciones, el OIJ determinó que la autora material fue la hija adolescente del matrimonio, una joven de 15 años, quien actuó con la participación de su novio, un hombre de 21 años de apellido Molina. 

Acorde al OIJ, a las 4 a.m., la joven de entonces de 15 años, entró al dormitorio de sus padres, aprovechó que ambos dormían y disparó tres veces a su papá en la cabeza y tórax. Con su madre la piedad fue no fue: cinco balas en su omóplato izquierdo, brazo izquierdo, tórax, frente y mejilla. Su hermanito, quien escuchó los ruidos, entró al cuarto y recibió un único y mortal tiro en la cabeza.


La relación con el novio adulto se convirtió en un eje central del proceso judicial, ya que la joven cambió la ropa de sus familiares, los colocó en el vehículo y lo empujó hasta el cauce del río para simular un accidente con su ayuda. Aunque su participación fue confirmada, el impacto público se concentró en una pregunta que aún incomoda: ¿cómo una adolescente llegó al punto de ejecutar a su núcleo familiar? La respuesta fue más brutal que la naturaleza del crimen: la adolescente cometió el delito para quedarse con el dinero de sus padres, 50 millones de colones en 1998 que equivalen hoy a 250 millones de colones ($500 mil dólares).

El Tribunal Penal Juvenil de San José encontró a la joven Carolina culpable de triple homicidio, por lo que fue condenada a 15 años de prisión, al ser juzgada como menor. Un año después de asesinar a sus padres, a la edad de 17 años, tuvo a su primer hijo en la cárcel con su novio. Se casó a los 18 con su complice y tuvieron un segundo hijo antes de separarse en 2010, cuando fue puesta en libertad por buen comportamiento. “Los motivos no tengo por qué decírselos a nadie. Es un capítulo cerrado en mi vida; borrón y cuenta nueva. Yo empecé de cero” dijo al salir de la cárcel. Trató de reclamar su herencia, pero la ley no se lo permitió por la naturaleza del crimen.


Tras perder su lucha por recuperar el dinero por el que mató a su familia. Carolina se casó en nuevo en 2015, cambió su nombre, y se hizo algunas cirugías para no ser reconocida. Algunos dicen que aún vive en Moravia, otros que vive en Limón y hay quienes aseguran que se fue del país. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto a más de dos décadas, es que Moravia aún recuerda esa noche como una herida abierta. 

Un crimen que no vino de la calle, sino del interior de una casa, y que sigue siendo uno de los episodios más perturbadores de la crónica criminal costarricense.

¿Recuerdan este caso?

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